La crisis avanza por las tierras del “Reino”, España camina entre las tinieblas de una crisis que no parece revertir y como siempre sucede en ciclos adversos, son los segmentos más desprotegidos quienes más afectados se ven.

Ley de morosidad, los plazos no se cumplen

Hace poco más de un año, julio de 2010, veía la luz la reforma de Ley de Morosidad, promulgada como la única salida para reducir los plazos de pago entre empresas y proveedores.
Recordemos que el retraso en el pago de las facturas es uno de los grandes responsables de la pérdida de tejido empresarial en nuestro país.
Sin embargo, la delicadas situación por la que atraviesa la economía, específicamente si hablamos de la morosidad de las Administraciones y Ayuntamientos, está próxima a situar ésta Ley en la categoría de “papel mojado”; los plazos no se cumplen.
La Ley completa y clara
La Ley de Morosidad contaba entre sus mayores fortalezas con:
• Prohibición expresa de cualquier fórmula de re-negociación
• Cumplimiento de los plazos sin excepciones
• 60 días: empresas privadas
• 30 días: administración
• 90 días para las empresas constructoras
Plazos de adaptación de procesos, casuísticas específicas, todos los contextos, todas las facilidades y todas las situaciones contempladas, la reforma de la Ley de Morosidad abría una ventana a la esperanza del tejido empresarial en España.
Las Leyes siguen sin cumplirse
Hoy, a poco más de un año y dos meses, nos enfrentamos a otra norma que pasa a ser letra muerta.
Los datos demuestran que la administración General del Estado es la única que cumple los plazos, pagando en 37,6 días las facturas de bienes y servicios y 39,3 días las inversiones, situando su pago promedio en 39.6 días.
Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la empresa privada o las comunidades autónomas y ayuntamientos que siguen siendo responsables de las altas tasas de morosidad derivan en el cierre constante de las PYMES en España.
La realidad es que no se cumplen los plazos, volvemos a liderar uno de los ranking más temidos; la morosidad en España es la más alta de la Unión Europea, a excepción de Grecia.

No sabemos finalmente si estamos ante la muerte de la Ley o quizá la renovación del mapa político nos enfrente a otra reforma más. Los datos están ahí, al alcance todos, los plazos no se cumplen y la morosidad sigue siendo uno de los grandes obstáculos que enfrente España para reactivar su economía.
Con estos niveles de morosidad, con este incumplimiento de plazos y la sequía actual de crédito por la que transita la economía española, las PYMES enfrentan a un nuevo ejercicio convulso, salvo claro está, que la CEOE, el sistema financiero, los sindicatos y los políticos, empiecen a recordar que, sin tejido empresarial, no hay crecimiento.
Vía El economista
Carolina Velasco